Sobrevenido, de facto

Foro por la Vida: el Estado tiene que respetar la Constitución

ProdaVinci: José Ignacio Hernández: Implicaciones legales de la no juramentación de Chávez.

Semana. María Jimena Duzán: la agonía del Comandante. Fanny Kertzman: ¿Quiénes son los boliburgueses?

El gobierno venezolano contra la televisora Globovisión

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez se encuentra hospitalizado desde hace un mes en Cuba. Por lo pronto, no está en capacidad ni siquiera de probar que está vivo: desde entonces faltan testimonios en imagen o sonido de él. Jamás el gobierno ha presentado un diagnóstico de la enfermedad del mandatario. Ayer debió juramentarse para el período al que fue reelegido, pero no pudo asistir. Una serie de eventos hace suponer algo absurdo: que el Estado venezolano se ha colocado al margen de la ley. No sería la primera vez, como sugiere este paper, comentado antes en este blog.

El Foro por la Vida, que agrupa a las distintas organizaciones de derechos humanos del país, exhorta en un comunicado al Estado a respetar la Constitución, reconocer la falta temporal del presidente Chávez, y designar como Presidente encargado al Presidente de la Asamblea Nacional, el también chavista Diosdado Cabello, así como a informar cabalmente del estado de salud de Chávez. En forma breve y clara expone las razones.

En ProdaVinci, el constitucionalista José Ignacio Hernández repasa lo que sucedió ayer 10 de enero el aspecto legal. La mayoría oficialista se negó a juramentar al nuevo presidente, el cual no pudo asistir por estar enfermo, o algo peor, pero argumenta que hay continuidad administrativa por tratarse de un presidente reelecto, por lo cual el vicepresidente Nicolás Maduro puede seguir fungiendo como encargado en lugar de su copartidario Diosdado Cabello. Todo lo cual fue avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Hernández demuestra por qué esto es imposible. Como detalle: la Sala Constitucional dictaminó ayer en contra de su propia jurisprudencia, dictada en 2004: “el ejercicio de cargos de elección popular requiere ciertamente de una juramentación, momento a partir del cual se inicia el período. Por ello, los artículos 230 y 231 de la Constitución no requieren aclaración alguna, pues sus textos son explícitos. La duración del mandato es de seis años y la toma de posesión, mediante juramento, el 10 de enero del primer año del período constitucional.” Sin embargo, no habría un golpe de estado, sino funcionarios en ejercicio de hecho. La lectura es laboriosa, pero vale la pena.

¿Por qué, si la oposición sólo exige se encarge provisionalente de la Presidencia de la República el presidente de la Asamblea, partidario a su vez de Chávez, hasta que éste pueda regresar, el chavismo se enreda en una aventura al margen de la ley? El artículo de María Jimena Duzán, en Semana, pudiera explicarlo en parte. Duzán estuvo en Caracas a inicios de la enfermadad del presidente, pudo constatar las a ratos delirantes teorías opositoras, y obtuvo de una fuente chavista la apreciación de que Chávez se lanzaría como candidato a un nuevo período, pero que no podría ejercer. En ese caso habría que poner a Nicolás Maduro como vicepresidente para que lo sustituya. La razón: Diosdado Cabello, el otro posible sucesor, tendría una extendida fama de corrupto, y sería „el auriga“ de los „boliburgueses“, la casta de nuevos ricos que medra del Estado.

De ser cierto, en la misma revista, Fanny Kertzman nos explica quiénes serían los boliburgueses y las dimensiones que alcanzaría todo. En la era de Chávez, junto con la reducción de la pobreza, la corrupción habría alcanzado niveles nunca vistos. El gobierno estaría penetrado por organizaciones criminales. Sorprendentemente, se olvida de que las siglas de la policía política no siguen siendo DISIP, sino SEBIN (comete el error dos veces).

El gobierno venezolano abrió una investigación (minutos después de una declaración en este sentido de Diosdado Cabello) contra la televisora Globovisión por unos micros que ha venido transmitiendo. Aquí se pueden ver (subidos ayer).

El Ministro de Comunicación de Chávez, Ernesto Villegas, sostiene: "Globovisión difundió el artículo 231 de forma parcial. No lo citaron completo" (cita tomada de El Mundo Economía y Negocios). Si se contrastan los micros del link anterior con los artículos involucrados (aquí, directo) se puede aventurar la hipótesis de que Villegas miente (que no es lo mismo que estar equivocado).

La levedad de los hechos

Últimas Noticias, Díaz Rangel: la CIDH reconoció al gobierno de Carmona en 2002.

Prodavinci, Carlos Ayala Corao: la Comisión nunca reconoció al gobierno de Carmona en 2002.

UDD, Chile: la Comisión está penetrada por la izquierda latinoamericana.

Venezuelan Politics and Human Rights, Iñaki Sagarzazu: análisis técnico e histórico de encuestadores y resultados electorales en Venezuela.

En Venezuela los hechos pesan menos que las interpretaciones. Hasta las encuestas varían a extremos sorprendentes, desde las que sugieren un triunfo del presidente Hugo Chávez hasta por 30 puntos de ventaja en las próximas elecciones, a las que insinúan un triunfo de Henrique Capriles Radonski por estrecho margen. En Ultimas Noticias, el diario de mayor circulación en ese país, su director Eleazar Díaz Rangel se pregunta cómo es posible que incluso las encuestas que dan ganador a Chávez arrojen, a pesar de esto, todas resultados extremadamente distintos y contradictorios. “Deberían, en lo fundamental, coincidir”, sostiene, y considera que las encuestadoras deben una explicación. Un análisis más detallado y técnico lo ofrece Iñaqui Sagarzazu en el blog Venezuelan Politics and Human Rights, en el cual consolida las distintas encuestas de procesos electorales desde el año 2004 y los resultados reales. Sin que sus conclusiones deban tomarse como definitivas (son, a fin de cuentas, encuestas), es una útil herramienta en una esfera pública enrarecida.

Díaz Rangel prosigue su columna razonando a favor de la medida del gobierno venezolano de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), cuyos dos pilares son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante, la Comisión), y la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH, también, en adelante CIDH). La identidad de los acrónimos ha producido una constante confusión en la prensa en castellano (y cables de agencias) de la cual no se libra la columna de Díaz Rangel. Sostiene que la Corte condena a Venezuela por haber privado de libertad a Raúl Díaz Peña, sentenciado en Caracas por actos terroristas. “Lo absuelven y ¡obligan a Venezuela a pagarle 15 mil dólares por poner esas bombas!”, afirma. En realidad, la sentencia de la CIDH (aquí un resumen de dos páginas), si bien ordena entre otras cosas la indemnización “por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes”, a los que habría sido sometido, desestima la demanda de violación del debido proceso por no haber Díaz Peña agotado las instancias nacionales, y no lo “absuelve” de los cargos en su contra. No se pronuncia al respecto.

Según Díaz Rangel, la CIDH estaría sesgada en contra del gobierno de Chávez, por haber dictado unas 14 sentencias por violaciones a los derechos humanos (“supuestas o reales”, escribe), mientras habría ignorado los abusos perpetrados en épocas anteriores: por ejemplo, para la Corte no habrían existido “los centenares de muertos durante el Caracazo” (sin embargo, aquí, la sentencia en el caso, llamado en inglés: El Caracazo Case, condenando al Estado venezolano). Y en su análisis olvida que la Corte conoce de casos que le son presentados, no actúa de oficio.

También dice que la CIDH (¿Corte? ¿Comisión?) fue el único organismo internacional en reconocer al gobierno de Pedro Carmona en 2002, durante el golpe de Estado contra Chávez. Pero en Prodavinci, Carlos Ayala Corao, quien fuera miembro de la Comisión, sostiene que el propio Chávez habría agradecido a la misma la tramitación de medidas cautelares para él y otros personeros de su gobierno en esos días. El canciller venezolano criticó recientemente que la Comisión se hubiera dirigido en aquél momento a Carmona en términos respetuosos y deferenciales, pero Ayala Corao replica que actuó a instancias de ONG venezolanas de derechos humanos, como Provea y Cofavic, para proteger a personeros del gobierno chavista, y que las cartas también han sido dirigidas a Pinochet o Videla, o a Micheletti, para proteger la integridad de personas en peligro, sin que a nadie se le ocurra por eso que la Comisión reconozca gobiernos de facto.

Concluye Díaz Rangel argumentando que Venezuela no estaría haciendo sino lo mismo que EEUU, que “escapa a la jurisdicción de esos organismos” (en Prodavinci Ayala Corao expresa lo contrario) “y no es porque en ese país no se violen los derechos humanos. Basta señalar las torturas en su prisión de Guantánamo”. (Amnistía Internacional explica que el SIDH ha expresado la necesidad de que EEUU legalice el status de los detenidos de Guantánamo, en una carta en la que la ONG manifiesta su preocupación ante la posición de Venezuela).

José Francisco García y Sergio Verdugo, en un paper de la Universidad del Desarrollo, Chile, (cita tomada de Wikipedia) argumentan también contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sostienen en esencia que sus doctrinas promueven la uniformidad interpretativa y no respetan (a diferencia de la Corte Europea de Derechos Humanos) el principio de deferencia debida a las realidades jurídicas y políticas de cada país. Es una variante del argumento de la soberanía nacional, esgrimido por el gobierno de Chávez, considerado de izquierda.

No deja de ser curioso entonces que los autores del artículo postulen la probabilidad, que admiten no haber podido demostrar aún, pero les inquieta, de que el SIDH sea “una institución que ha sido capturada por la izquierda latinoamericana”. Pero no llegan a proponer que Chile se retire. 

El espíritu provinciano

El agregador esloveno Salon ofrece una versión en inglés del artículo de Péter Nádas aparecido en Lettre (acceso libre a un extracto de 12 mil caracteres sobre un total de 95 mil), en el que analiza las razones del fracaso del tercer (el actual) intento de modernización en Hungría. El legado del comunismo impidió que la privatización tuviera éxito. Habiendo empujado la economía a la sombra, las relaciones contractuales y el dinero fueron sustituidos por la palabra empeñada y el trueque. Compromisos ilegales no pueden ser reclamados en la corte, sólo por mano propia. La diferencia entre “sí” y “no” se borró, la palabra “recibo” es considerada todavía hoy un insulto. Quien no participa del acto de robar y estafar sancionado tribalmente es un paria. La sociedad no estaba preparada para asumir la responsabilidad ligada a la propiedad, la inversión, los impuestos, la transparencia y el equilibrio de poderes. Según Nádas, el ansia de propiedad acumulada por 40 años de socialismo ha llevado a una sociedad profundamente egotista, organizada alrededor de clanes y tribus. El párrafo siguiente es un calco de América Latina: “El espíritu provinciano aborrece la autocracia, pero compra un poco de seguridad sirviendo lealmente al próximo señor. No anhela virtudes más altas, no le gusta la universalidad en nada, ni siquiera en la Iglesia, y está feliz de ser constreñido por el clan y la familia. Consecuentemente, no entiende el individualismo, tratándolo con profundo desdén. Se muda a la ciudad, a sus vecindarios más costosos, pero odia lo urbano”.

En Arman-do.info, Corina Rodríguez Pons realiza un muy estructurado reportaje en torno al cierre de las casas de bolsa en Venezuela y el encarcelamiento de muchos directivos. Paradójicamente, el gobierno “socialista” de Venezuela, al imponer un rígido control de divisas, creó el negocio que haría ricas a las casas de bolsa. La razón: pronto se vio que la rigidez del control oficial asfixiaría la economía y por eso se permitió las operaciones de títulos de valores en moneda extranjera. Fue muy útil para el gobierno, pues vendía en moneda local bonos estatales, o de la petrolera PDVSA, con los rendimientos y el principal al vencimiento pagaderos en dólares. En muchos casos, se transformó en una forma de adquirir divisas, pues los bonos se podían vender en el extranjero en el mercado secundario. El diferencial entre el precio pagado en moneda local y el obtenido en dólares arrojaba un tipo de cambio implícito que orientaba al ilegal mercado paralelo. El reportaje se centra en la mayor de las casas de bolsa, Econonivest.  Cuatro directivos están presos en la Dirección de Inteligencia Militar, junto a un guerrillero de las FARC, un empresario-banquero y un sindicalista que fue simpatizante del gobierno y ven la luz del sol una vez a la semana. Tardaron 8 meses en recibir la primera audiencia, y 11 meses en ser imputados. De las acusaciones originales (simulación de operaciones sin títulos, especulación) no quedó ninguna en pié: el juez sostiene que el delito imputable es el de ilícitos cambiarios porque la intención de las compras y ventas de bonos habría sido la adquisición de divisas. La página presenta también un video con la versión del gobierno.