La condena contra el juez Garzón, suspendido por 11 años por
el Tribunal Supremo, tiene a España de cabeza. Es mejor empezar por el artículo de
la revista Time, según el cual muchos entienden los cargos levantados
contra Garzón, pero la extrema severidad, y la coincidencia con su pretensión
de juzgar los crímenes del franquismo (por lo cual también es juzgado) hacen
pensar en una caza de brujas. La condena es por haber ordenado escuchas de las
conversaciones entre acusados y sus abogados en el caso por corrupción de la
trama Gürtel, vinculada al Partido Popular. Pero otros jueces habrían incurrido
en la misma práctica y sus casos fueron desestimados. El caso Gürtel tendría la
ironía de que su único condenado sea precisamente el juez. El artículo da buena
cuenta de los hechos.
En la prensa española es más difícil pisar terreno firme. Para
Fernando Ónega, en La Vanguardia, nunca una sentencia había dividido tanto
a los españoles. Los dirigentes de los partidos se expresan radicalmente al
igual que los medios. La operación
contra Garzón viene de atrás; las razones serían menos políticas, que relacionadas
a su poco ortodoxo desempeño. La sentencia es desproporcionada e ignora la voz
a favor de Garzón de la propia Fiscalía. Es una mala señal condenar a un juez
que lucha contra la corrupción, pero es imposible que un tribunal absuelva las
escuchas.
El Mundo presenta
un esquema de las tres causas contra Garzón, cada una articulada en tres
apartados: ¿De qué se le acusa? ¿Quién le acusa? e Indicios. Presentado como un
protocolo, hace ver culpable al juez, por lo cual conviene tomarlo con
reservas.
En El País, una
nota reseña el alegato final de Garzón ante el Tribunal. Las escuchas
habrían sido legales, no se violentó el derecho a la defensa de los acusados, la
medida habría sido tomada para evitar el blanqueo de bienes de los acusados.
Dos fiscales del propio Tribunal Supremo defendieron la conducta de Garzón.
Al dividir a la sociedad, la sentencia revela un problema:
no hay acuerdo en cuanto a qué es legal o no.
El domingo 12 la oposición venezolana eligió en primarias su
candidato a las elecciones presidenciales. El fin de semana anterior, el
gobierno celebró como fecha patria la intentona golpista de 1992 en la que
participó el actual Presidente. Para
Tulio Hernández, en El Nacional, ese día alguien sacó del infierno los
fantasmas del militarismo que costaron cárcel, muerte y exilio a generaciones. Sorprendentemente,
los insurrectos ni siquiera fueron enjuiciados, y accedieron al poder por vía
democrática. Hernández enumera rasgos del militarismo actual: milicias de
civiles armados con Kalashnikovs, niños con armas, más de 700 militares en altos
cargos de gobierno, amenazas a la ciudadanía con el uso de las armas, desfiles,
estética nazi. Y el intento de convertir un vulgar golpe de estado en fecha
patria.
Pues al haberse sobreseído la causa, se implicó que el golpe
de estado militar contra un gobierno democrático no es un delito.
En ProdaVinci, a través de Santiago Gamboa, el escritor
sirio Khaled Khalifa llama
la atención, desde Damasco, sobre la indiferencia del mundo ante el
genocidio en su país. Y del apoyo de Rusia, China, Irán, y algunos países
latinoamericanos a la campaña de exterminio de Assad.
