Últimas Noticias, Díaz Rangel: la CIDH reconoció al gobierno de
Carmona en 2002.
Prodavinci, Carlos Ayala Corao: la Comisión nunca reconoció al
gobierno de Carmona en 2002.
UDD, Chile: la Comisión está penetrada por la izquierda
latinoamericana.
Venezuelan Politics and Human Rights, Iñaki Sagarzazu: análisis
técnico e histórico de encuestadores y resultados electorales en Venezuela.
En Venezuela los hechos pesan
menos que las interpretaciones. Hasta las encuestas varían a extremos
sorprendentes, desde las que sugieren un triunfo del presidente Hugo Chávez
hasta por 30 puntos de ventaja en las próximas elecciones, a las que insinúan
un triunfo de Henrique Capriles Radonski por estrecho margen. En Ultimas Noticias, el diario de mayor
circulación en ese país, su director Eleazar Díaz Rangel se
pregunta cómo es posible que incluso las encuestas que dan ganador a Chávez
arrojen, a pesar de esto, todas resultados extremadamente distintos y
contradictorios. “Deberían, en lo fundamental, coincidir”, sostiene, y
considera que las encuestadoras deben una explicación. Un análisis
más detallado y técnico lo ofrece Iñaqui Sagarzazu en el blog Venezuelan Politics and Human Rights,
en el cual consolida las distintas encuestas de procesos electorales desde el
año 2004 y los resultados reales. Sin que sus conclusiones deban tomarse como
definitivas (son, a fin de cuentas, encuestas), es una útil herramienta en una
esfera pública enrarecida.
Díaz Rangel prosigue su columna
razonando a favor de la medida del gobierno venezolano de retirarse del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), cuyos dos pilares son la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante, la Comisión), y la Corte
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH, también, en adelante CIDH). La
identidad de los acrónimos ha producido una constante confusión en la prensa en
castellano (y cables de agencias) de la cual no se libra la columna de Díaz
Rangel. Sostiene que la Corte condena a Venezuela por haber privado de libertad
a Raúl Díaz Peña, sentenciado en Caracas por actos terroristas. “Lo absuelven y
¡obligan a Venezuela a pagarle 15 mil dólares por poner esas bombas!”, afirma.
En realidad, la sentencia de la CIDH (aquí
un resumen de dos páginas), si bien ordena entre otras cosas la
indemnización “por la violación del derecho a la integridad personal y por los
tratos inhumanos y degradantes”, a los que habría sido sometido, desestima la
demanda de violación del debido proceso por no haber Díaz Peña agotado las
instancias nacionales, y no lo “absuelve” de los cargos en su contra. No se
pronuncia al respecto.
Según Díaz Rangel, la CIDH
estaría sesgada en contra del gobierno de Chávez, por haber dictado unas 14
sentencias por violaciones a los derechos humanos (“supuestas o reales”,
escribe), mientras habría ignorado los abusos perpetrados en épocas anteriores:
por ejemplo, para la Corte no habrían existido “los centenares de muertos
durante el Caracazo” (sin embargo, aquí, la sentencia en el caso,
llamado en inglés: El Caracazo Case,
condenando al Estado venezolano). Y en su análisis olvida que la Corte conoce
de casos que le son presentados, no actúa de oficio.
También dice que la CIDH (¿Corte?
¿Comisión?) fue el único organismo internacional en reconocer al gobierno de Pedro
Carmona en 2002, durante el golpe de Estado contra Chávez. Pero en Prodavinci, Carlos Ayala Corao, quien
fuera miembro de la Comisión, sostiene
que el propio Chávez habría agradecido a la misma la tramitación de medidas
cautelares para él y otros personeros de su gobierno en esos días. El canciller
venezolano criticó recientemente que la Comisión se hubiera dirigido en aquél
momento a Carmona en términos respetuosos y deferenciales, pero Ayala Corao
replica que actuó a instancias de ONG venezolanas de derechos humanos, como
Provea y Cofavic, para proteger a personeros del gobierno chavista, y que las
cartas también han sido dirigidas a Pinochet o Videla, o a Micheletti, para
proteger la integridad de personas en peligro, sin que a nadie se le ocurra por
eso que la Comisión reconozca gobiernos de facto.
Concluye Díaz Rangel argumentando
que Venezuela no estaría haciendo sino lo mismo que EEUU, que “escapa a la
jurisdicción de esos organismos” (en Prodavinci
Ayala Corao expresa lo contrario) “y no es porque en ese país no se violen los
derechos humanos. Basta señalar las torturas en su prisión de Guantánamo”. (Amnistía Internacional explica
que el SIDH ha expresado la necesidad de que EEUU legalice el status de los
detenidos de Guantánamo, en una carta en la que la ONG manifiesta su
preocupación ante la posición de Venezuela).
José Francisco García y Sergio
Verdugo, en un paper de la Universidad del Desarrollo, Chile, (cita
tomada de Wikipedia) argumentan
también contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sostienen en
esencia que sus doctrinas promueven la uniformidad interpretativa y no respetan
(a diferencia de la Corte Europea de Derechos Humanos) el principio de
deferencia debida a las realidades jurídicas y políticas de cada país. Es una
variante del argumento de la soberanía nacional, esgrimido por el gobierno de
Chávez, considerado de izquierda.
No deja de ser curioso entonces que
los autores del artículo postulen la probabilidad, que admiten no haber podido
demostrar aún, pero les inquieta, de que el SIDH sea “una institución que ha
sido capturada por la izquierda latinoamericana”. Pero no llegan a proponer que
Chile se retire.
