La levedad de los hechos

Últimas Noticias, Díaz Rangel: la CIDH reconoció al gobierno de Carmona en 2002.

Prodavinci, Carlos Ayala Corao: la Comisión nunca reconoció al gobierno de Carmona en 2002.

UDD, Chile: la Comisión está penetrada por la izquierda latinoamericana.

Venezuelan Politics and Human Rights, Iñaki Sagarzazu: análisis técnico e histórico de encuestadores y resultados electorales en Venezuela.

En Venezuela los hechos pesan menos que las interpretaciones. Hasta las encuestas varían a extremos sorprendentes, desde las que sugieren un triunfo del presidente Hugo Chávez hasta por 30 puntos de ventaja en las próximas elecciones, a las que insinúan un triunfo de Henrique Capriles Radonski por estrecho margen. En Ultimas Noticias, el diario de mayor circulación en ese país, su director Eleazar Díaz Rangel se pregunta cómo es posible que incluso las encuestas que dan ganador a Chávez arrojen, a pesar de esto, todas resultados extremadamente distintos y contradictorios. “Deberían, en lo fundamental, coincidir”, sostiene, y considera que las encuestadoras deben una explicación. Un análisis más detallado y técnico lo ofrece Iñaqui Sagarzazu en el blog Venezuelan Politics and Human Rights, en el cual consolida las distintas encuestas de procesos electorales desde el año 2004 y los resultados reales. Sin que sus conclusiones deban tomarse como definitivas (son, a fin de cuentas, encuestas), es una útil herramienta en una esfera pública enrarecida.

Díaz Rangel prosigue su columna razonando a favor de la medida del gobierno venezolano de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), cuyos dos pilares son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante, la Comisión), y la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH, también, en adelante CIDH). La identidad de los acrónimos ha producido una constante confusión en la prensa en castellano (y cables de agencias) de la cual no se libra la columna de Díaz Rangel. Sostiene que la Corte condena a Venezuela por haber privado de libertad a Raúl Díaz Peña, sentenciado en Caracas por actos terroristas. “Lo absuelven y ¡obligan a Venezuela a pagarle 15 mil dólares por poner esas bombas!”, afirma. En realidad, la sentencia de la CIDH (aquí un resumen de dos páginas), si bien ordena entre otras cosas la indemnización “por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes”, a los que habría sido sometido, desestima la demanda de violación del debido proceso por no haber Díaz Peña agotado las instancias nacionales, y no lo “absuelve” de los cargos en su contra. No se pronuncia al respecto.

Según Díaz Rangel, la CIDH estaría sesgada en contra del gobierno de Chávez, por haber dictado unas 14 sentencias por violaciones a los derechos humanos (“supuestas o reales”, escribe), mientras habría ignorado los abusos perpetrados en épocas anteriores: por ejemplo, para la Corte no habrían existido “los centenares de muertos durante el Caracazo” (sin embargo, aquí, la sentencia en el caso, llamado en inglés: El Caracazo Case, condenando al Estado venezolano). Y en su análisis olvida que la Corte conoce de casos que le son presentados, no actúa de oficio.

También dice que la CIDH (¿Corte? ¿Comisión?) fue el único organismo internacional en reconocer al gobierno de Pedro Carmona en 2002, durante el golpe de Estado contra Chávez. Pero en Prodavinci, Carlos Ayala Corao, quien fuera miembro de la Comisión, sostiene que el propio Chávez habría agradecido a la misma la tramitación de medidas cautelares para él y otros personeros de su gobierno en esos días. El canciller venezolano criticó recientemente que la Comisión se hubiera dirigido en aquél momento a Carmona en términos respetuosos y deferenciales, pero Ayala Corao replica que actuó a instancias de ONG venezolanas de derechos humanos, como Provea y Cofavic, para proteger a personeros del gobierno chavista, y que las cartas también han sido dirigidas a Pinochet o Videla, o a Micheletti, para proteger la integridad de personas en peligro, sin que a nadie se le ocurra por eso que la Comisión reconozca gobiernos de facto.

Concluye Díaz Rangel argumentando que Venezuela no estaría haciendo sino lo mismo que EEUU, que “escapa a la jurisdicción de esos organismos” (en Prodavinci Ayala Corao expresa lo contrario) “y no es porque en ese país no se violen los derechos humanos. Basta señalar las torturas en su prisión de Guantánamo”. (Amnistía Internacional explica que el SIDH ha expresado la necesidad de que EEUU legalice el status de los detenidos de Guantánamo, en una carta en la que la ONG manifiesta su preocupación ante la posición de Venezuela).

José Francisco García y Sergio Verdugo, en un paper de la Universidad del Desarrollo, Chile, (cita tomada de Wikipedia) argumentan también contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sostienen en esencia que sus doctrinas promueven la uniformidad interpretativa y no respetan (a diferencia de la Corte Europea de Derechos Humanos) el principio de deferencia debida a las realidades jurídicas y políticas de cada país. Es una variante del argumento de la soberanía nacional, esgrimido por el gobierno de Chávez, considerado de izquierda.

No deja de ser curioso entonces que los autores del artículo postulen la probabilidad, que admiten no haber podido demostrar aún, pero les inquieta, de que el SIDH sea “una institución que ha sido capturada por la izquierda latinoamericana”. Pero no llegan a proponer que Chile se retire.