La Prensa, Wall Street
Journal. O´Grady:
Martinelli, demoliendo la democracia
Prodavinci. Mires: la destitución de Lugo es ilegítima
Die Zeit: Ilegal proceso contra Lugo
Time: La tierra es la causa
Semana. Caballero: Reforma Judicial: el Estado intenta el autogolpe.
La Prensa de Panamá reproduce
el artículo de Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal (aquí
versión en inglés), para quien el presidente Ricardo Martinelli se está
desplazando hacia el autoritarismo. El también dueño de una cadena de
supermercados estaría intentando, -según O’Grady- aumentar el número de
asientos en el Tribunal Supremo de Justicia, para de esta forma fabricar una
mayoría favorable a la reelección, que no está permitida en Panamá. “Construye
obras públicas y destruye la democracia”, según el artículo.
En cuanto a la destitución del
presidente del Paraguay, Fernando Lugo, sostiene
Fernando Mires en Prodavinci que la
interpretación de una Constitución es un asunto de simple mayoría
parlamentaria. Según Mires, lo que se hizo pretende que cualquier presidente
pueda ser destituido al no contar con mayoría parlamentaria, lo cual sería admisible
en una democracia parlamentaria (el parlamento elige al presidente), mas no en
una presidencialista (los ciudadanos electores eligen al presidente). La
destitución de Lugo habría sido producto de una conspiración y sin guardar las
formas democráticas que son esenciales.
En un segundo artículo, Mires encuentra
que la destitución no es un golpe de Estado, pues la Constitución la permite, pero sí es ilegítima, y su
argumentación privilegia la idea de que sólo el pueblo puede destituir al
presidente: “Eso quiere decir que si bien la destitución de Lugo, aunque
realizada de acuerdo a leyes, desde el punto de vista político puede ser –y lo
fue- un acto aberrante. Tanto o más si violó usos vigentes en el “occidente
político”. Y uno de esos usos dice: los presidentes han de ser elegidos y
revocados mediante la voluntad popular”.
En Die Zeit, la relación
es algo distinta. La destitución de Lugo está contemplada en la
Constitución, pero el proceso que se le siguió está lejos de ser serio. Lo que
parece una opereta confusa de república bananera esconde en realidad una
despiadada lucha por privilegios y poder. La coalición de Lugo se rompe con el
tema de la Reforma Agraria. El pretexto para enjuiciarlo fue la invasión por
parte de campesinos de las tierras (obsequiadas por el dictador Stroessner) del
ex senador colorado Blas Riquelme, que terminó con 11 campesinos y 6 policías
muertos. Los terratenientes culpan a guerrilleros infiltrados, pero no
presentan pruebas. En Paraguay, 10 por ciento de la población concentra el 85%
de las tierras. Muchos terratenientes son de origen brasileño. Las siembras de
soya atienden sobre todo a China, país que no ha dicho nada de la
situación.
La revista Time presenta
otras estadísticas, lo cual demuestra que las cifras también son
contenciosas (o que el rigor periodístico se acomoda al momento). Hoy, apenas
1% de la población poseería 80% de las tierras cultivables, según la Federación
Nacional de Campesinos; las propiedades habrían sido concentradas durante la
dictadura de Stroessner por sus allegados. La crisis en Paraguay expresaría la
vieja deuda de América Latina en cuanto a la propiedad de la tierra y lo más
probable es que sea, al mismo tiempo, producto de las maquinaciones del partido
Colorado y de los propios errores de Lugo. El presidente depuesto puso fin a 61
años de monopolio colorado en el poder.
Paraguay sería el cuarto mayor exportador de soya del mundo, y la tierra
en conflicto se usaba para sembrar soya. La gran mayoría de campesinos estaría
excluida de los beneficios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo
que “considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente
constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un
proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que
éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un
juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el
procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”.
La CIDH pudiera ser la instancia
más apropiada para defender a Lugo: si el juicio no se apegó a la ley, hubo
golpe de Estado. Pero tal vez eso no sea lo que realmente interesa a sus
ruidosos amigos, ni a nadie, porque equivaldría a reconocer a una CIDH que
molesta a todos.
En Semana, Antonio Caballero escribe indignado
que la Reforma a la Justicia en Colombia es un torpedo bajo la línea de
flotación de la Constitución. “Y eso es así por la condición de quienes la
promueven y la apoyan: nuestra clase política. Es una iniciativa de hampones
para defender su hamponería. Es una consagración de la impunidad para los
congresistas, un premio al servilismo para los magistrados de las altas Cortes
y, para los representantes del Ejecutivo, la compra de la reelección
presidencial”. El Estado estaría así intentando el golpe de Estado. Caballero,
lamentablemente no ofrece luces, sino la descalificación total que precede al
triunfo de la anti-política. Según él, sólo la resistencia civil puede impedir
esta reforma, pero “esto de la resistencia civil es algo que muy poco se ha
practicado aquí, en este país de borregos obedientes que para defenderse de los
abusos son capaces de convertirse en tigres carniceros, pero no saben erguirse
en solo dos de sus cuatro patas, como hombres. Por eso aquí hay guerrillas,
pero no hay oposición”. La indignación pública y la mala prensa han hecho, sin
embargo, que de pronto todos se distancien de la reforma, la cual parece que
será hundida.
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